El mercado de los vientres de alquiler: a vueltas con la gestación subrogada

En los últimos años, ha aflorado con fuerza en algunos países el debate en torno a la gestación subrogada, maternidad subrogada, gestación por sustitución o como quiera llamársele. Se trata de una práctica en virtud de la cual una mujer acepta quedarse embarazada, llevar la gestación a término y dar a luz a un niño, todo ello con la finalidad de entregarlo a otra persona o pareja, las cuales se convertirán, a efectos legales, en los progenitores del mismo.

Ya legalizada en algunos países como EEUU, Ucrania o la India, la gestión subrogada plantea importantes controversias éticas, jurídicas y sociales en el resto de países que prevén o están debatiendo su implementación. Tal es el caso de España, donde el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, partido político adscrito –en teoría– a una ideología de corte liberal, impulsó en la pasada legislatura (XII legislatura) una Proposición de Ley reguladora del derecho a la gestación por subrogación. ¿Cuáles son las razones que justifican la presentación de esta iniciativa? En la Exposición de Motivos del texto encontramos un argumento clave, a saber, la libertad de los ciudadanos. Veámoslo en sus propios términos: En determinadas ocasiones, los derechos reproductivos, que buscan proteger la libertad y la autonomía de las personas para darles capacidad reproductiva, sin discriminación por género, edad o raza, no se ven plenamente garantizados en aquellas personas o parejas que o han agotado o son incompatibles con las técnicas de reproducción humana asistida (…) nuestro ordenamiento jurídico no satisface uno de las exigencias básicas de todo Estado democrático de Derecho: ofrecer cauces institucionales adecuados para que la libertad de los ciudadanos se pueda hacer realidad, en consonancia con la riqueza con la que hoy se expresa. El ciudadano de hoy, no es el de los siglos pasados; la libertad de hoy, no es la de los tiempos pasados.

Como puede observarse, el discurso se apoya en la idea de que el contenido de la “libertad de hoy” incluye el derecho reproductivo a la maternidad o paternidad, de suerte que, si el Estado no garantiza ese derecho a ser madre o padre a quien esté imposibilitado para ello, se estaría produciendo una actuación discriminatoria. Más adelante, veremos que este argumento no solo es jurídicamente insostenible, sino que, además, esconde una motivación esencialmente económica. De momento, baste con decir que es falaz la afirmación según la cual “los ciudadanos tenemos derecho a ser padres o madres”; no es el modelo de familia lo que quedaría afectado si se aceptase –legalizase– la gestación subrogada, sino otros principios y valores esenciales de nuestro ordenamiento que analizaremos a continuación.

Expuesto este marco general, la problemática de la gestación subrogada incide, como mínimo, en tres planos, a saber, el jurídico, el económico y el ético-político. A pesar del carácter artificial de esta separación, considero que es útil desde un punto de vista didáctico, de modo que la lectura sea más fácil y se pueda esbozar el dibujo más completo de la cuestión.

Así las cosas, comenzamos por el análisis de los aspectos jurídicos. Antes que nada, hay que señalar que el Derecho ha sido tradicionalmente conservador en relación al cuerpo, esto es, las regulaciones contenidas en los diferentes Códigos y legislaciones civiles han dejado fuera del comercio los elementos vinculados al cuerpo humano. Se trata de un componente moral, de orden público y de derecho imperativo que, de algún modo, actúa como freno a la libre contratación entre particulares. Y es que este es uno de los ejes de la discusión: la libre decisión de quienes desean ser padres. Es sabido que durante el S. XIX el principio más importante jurídica y económicamente hablando era la autonomía de la voluntad. Partiendo de un liberalismo a ultranza, bajo la estela del laisser faire, laisser passer, la “libertad” era concebida como ausencia de restricciones para pactar todo cuanto uno estimara conveniente. En ese sentido, el contrato se erigía en la institución clave. A decir verdad, es esta “libertad de hoy” de la que presume Ciudadanos; como se ve, es bastante vieja.

Ello enlaza con otro concepto muy relevante en términos jurídicos: el consentimiento. Para Ciudadanos, el libre consentimiento –requisito fundamental para la validez del contrato– es aquel en que no existen vicios ni restricciones formales, es decir, se concibe en términos de “libertad negativa”. Es esta una noción civilista del consentimiento; pero lo cierto es que este puede también quebrarse si las condiciones de las que parte el sujeto que emite dicho consentimiento son precarias o vulnerables. Piénsese, a modo de ejemplo, en una mujer desamparada por las instituciones, excluida socialmente, sin ingresos ni expectativas de mejora, ¿es su consentimiento válido cuando firma un contrato por el que se compromete a quedarse embarazada de un bebé para, posteriormente, entregárselo una vez gestado a una pareja que paga un precio determinado por esa “prestación”?

Obviamente, la propuesta normativa no dice explícitamente que se trate de un intercambio económico, de un contrato al uso, sino que lo camufla bajo la idea de una “intensa solidaridad entre personas libres e iguales”: La presente Ley tiene como finalidad regular el derecho a la gestación por subrogación, entendiendo por tal, el que les asiste a los progenitores subrogantes a gestar, por la intermediación de otra, para constituir una familia, y a las gestantes subrogadas, a facilitar la gestación a favor de los subrogantes, todo ello en condiciones de libertad, igualdad, dignidad y ausencia de lucro, expresivas de la más intensa solidaridad entre personas libres e iguales.

Las referencias a la ausencia de lucro y a la –insisto– “intensa solidaridad” constituyen un intento demagógico de justificar con criterios morales lo que, en realidad, es una mercantilización del cuerpo de la mujer. En un artículo publicado en CTXT bajo el sugerente título “Gestación subrogada: no es solidaridad, es mercado”, el Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y profesor universitario, Miguel Pasquau, desenmascara esta hipócrita intentona de esconder la explotación económica de las mujeres bajo una falsa apariencia de solidaridad. Más claro resulta esto a la luz de la “compensación económica resarcitoria” que debe recibir la madre gestante a cambio de su prestación corporal; en teoría, esa compensación es únicamente para cubrir “las molestias físicas” durante el embarazo, argumento que cae por su propio peso si se tiene en cuenta que la susodicha compensación alcanza también el llamado lucro cesante –esto es, lo que deja de ganar la madre gestante por estar embarazada–. En realidad, la madre gestante está recibiendo un precio a cambio de una prestación, aspecto que pone de relieve la naturaleza económico-contractual del acto.

A juicio del citado autor, la legalización de la gestación subrogada supondría la creación de un mercado en el que unos pondrían el dinero y otras pondrían su cuerpo a cambio de ese dinero, que necesitan (volvemos a las condiciones estructurales precarias en que es emitido el consentimiento). Esta iniciativa –continúa diciendo– consagraría una explotación económica del cuerpo de las mujeres pobres, y nos dejaría a un solo paso de la venta de riñones, del cabello, de la piel o de la córnea en un mercado regulado.

De este modo, se constatan las íntimas relaciones entre los aspectos jurídico y económico (por ello decía que la separación era artificial), y se pone negro sobre blanco la idea mercantilizadora y “liberal” que oculta la propuesta de Ciudadanos. En realidad, esta iniciativa legislativa ampara un esquema productivista en el que el capital, siempre voraz, anhela penetrar en espacios tradicionalmente vedados a la lógica del mercado. No es de extrañar, en este sentido, que haya sido precisamente Ciudadanos el actor político promotor de la propuesta, habida cuenta de su intensa y férrea  defensa de los intereses capitalistas y de su ideario económico.

            Por otra parte, la maternidad subrogada supone un punto de confluencia entre los ámbitos reproductivo y productivo. Esta distinción, a pesar de no ser todo lo rigurosa que pudiera conceptualmente hablando, es operativa, al menos, como herramienta analítica para comprender la pretensión capitalista de comercializar y economizar un espacio hasta ahora al margen del circuito productivo. Desde el concepto marxista de Ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, se puede entender este movimiento del capital, cuyos espacios de rentabilidad son cada vez más estrechos y cuya supervivencia exige abrir nuevos mercados, so pena de acabar desapareciendo. He ahí un punto importante del aspecto económico subyacente a la pretensión de legalizar la maternidad subrogada.

            Asimismo, existen otras consideraciones que ponen en evidencia la dimensión económica de la proposición de ley, como el hecho de que su aprobación implicaría un reforzamiento de la división entre las distintas clases sociales. Parece evidente que el derecho a ser padre o madre por gestación subrogada no es, por mucho que se insista, una cuestión de justicia. Y no lo es porque no estaría al alcance de todos; al contrario, su razón de ser anida en consagrar los privilegios de una clase social que considera que todo puede comprarse con dinero. Aunque no voy a nombrarlos aquí, hay ejemplos abundantes de personas ricas y famosas que han recurrido a la gestación subrogada; pero, además, incluso aunque pudiéramos aceptar que esta demanda nace de la sociedad civil –algo que es falso– y que supone un avance democrático para el conjunto de la población –también falso–, lo cierto es que el propio articulado de la proposición de ley está reconociendo la dimensión clasista del derecho en cuestión. ¿Por qué? Porque nada se dice del derecho a ser padre de quien no tiene recursos económicos para sufragar la “compensación económica resarcitoria” a la madre gestante. ¿Debería el Estado garantizar este derecho a las clases más desfavorecidas? ¿Cómo se financiaría? ¿Con impuestos? Estas preguntas ya denotan lo ridículo de pretender que la propuesta es incluyente.

Por último, y al margen de la “intensa solidaridad” –la cual no puede ser tomada en serio–, hay componentes éticos y políticos en el debate que merecen cierta atención. No solo porque los criterios que las sociedades se forman en torno a lo que está bien y mal son fundamentales para la cohesión social, sino porque, además, la reflexión ética y el debate político (público) es, en numerosas ocasiones, el único escudo frente a las agresiones del poder más burdo. Quisiera citar un párrafo de la ya reiterada –y espantosamente redactada– Exposición de Motivos: Hoy la gestación por subrogación constituye una realidad tanto en España como en los países de nuestro entorno. Se ve con la misma naturalidad que otras expresiones de los cambios de percepciones sociales ante instituciones ligadas a nuevos modelos familiares, que tienen como denominador común la variedad con la que las personas quieren expresar su propia concepción de las relaciones familiares y asumir la condición de progenitores. La gestación subrogada es una práctica existente y hasta más frecuente de lo generalmente conocido.

Tres cosas me llaman poderosamente la atención. La primera, el hecho de que se quiera legalizar la maternidad subrogada, por un lado, mientras que se parte de la evidencia de que esta ya existe y se practica, del otro. Resulta, cuando menos, paradójico, que un partido “constitucionalista” como Ciudadanos no muestre signo de alarma ninguno por el hecho de que en España se lleven a cabo prácticas que a día de hoy son ilegales; supongo que hacen referencia a las parejas que compran niños en países donde la gestación subrogada está legalizada y, posteriormente, pretenden la inscripción de la filiación en el Registro Civil español. ¿Qué decir de este comportamiento? ¿No es acaso un abuso de derecho y un evidente fraude de ley? Sería digno de ver que un partido como Ciudadanos defendiera la desobediencia a las leyes como mecanismo lícito de cara a la consecución de conquistas legales.

En segundo lugar, el recurso a los cambios de modelo de familia como argumento para apoyar la legalización de la maternidad subrogada. He aquí un intento de justificar la propuesta desde un valor ético-político claro, a saber, la diversidad, que, como ya adelantábamos al principio, se apoyaba en una idea de libertad bastante vieja. En verdad, se habla de diversidad cuando lo que se quiere decir es privilegio de unos y explotación de otros.

En tercer lugar, la evidente falacia naturalista del discurso. Esto es, quieren dar a entender que la maternidad subrogada debe legalizarse porque, de hecho, ya está muy extendida. Se deduce así un “deber ser” de un “ser”, lo cual es absurdo bajo cualquier punto de vista. Imagínese el siguiente argumento: puesto que el asesinato en una sociedad está ampliamente extendido y generalizado, incluso con más frecuencia de la que generalmente se cree, debería reconocerse legalmente y permitirse sin ningún tipo de restricción.

Finalmente, y para terminar, hay otro párrafo que sencillamente es irrisorio: El Derecho de Familia ha tenido siempre un trasfondo pragmático, traducido en garantizar la procreación, sin la cual no sólo la propia familia, sino la especie humana se extinguiría. Al margen de la broma de que la especie humana se extinguiría (lo han dicho en broma, ¿verdad?), lo que trasluce este párrafo es un claro intento de control (bio)político de la población. Voy a explicar esto brevemente. No hay aquí un planteamiento serio de someter a discusión la cuestión de la procreación o, más ampliamente, de las políticas de natalidad; ello exigiría un análisis social de las causas que explican el fenómeno de la baja natalidad, el cual debería hacer énfasis, como mínimo, en las desigualdades sociales, la precariedad laboral, el problema de acceso a la vivienda o la inseguridad de las familias para emprender proyectos vitales que incluyan la opción de tener hijos; lo que se está diciendo es que si no se procrea –como sea–, las familias acabarán por ser destruidas. ¿Es esto realmente así? ¿Acaso no hay familias inmigrantes que pueden dar sostén a la economía española y a su tejido social? He ahí el control (bio)político: lo que en realidad se quiere es controlar a la población y evitar que la familia española sea desplazada por otra familia de distinta nacionalidad. Pero este es uno de los aspectos biopolíticos del tema, y su estudio exigiría mucho más espacio del que aquí se tiene. Ello será abordado en otro texto.

En suma, y para ir concluyendo, a pesar de que los actores políticos en España estén mayoritariamente en contra de esta propuesta de legalizar la maternidad subrogada, casi con total seguridad será un debate que volverá a aparecer en escena pública. Por ello, es necesario armarse de razones y pensar seriamente qué modelo de sociedad queremos, pues este tipo de cuestiones anida mucho más profundamente de lo que en principio pudiera pensarse y afectan al modo mismo en que se configura nuestra cultura. Si estamos o no dispuestos a convertir todo en mercancía, incluido el cuerpo de las mujeres y los niños recién nacidos, renunciado a valores e ideales que no sean los de carácter económico. Ese es el núcleo del debate que gira en torno a la maternidad subrogada.


Por Daniel Peres Díaz

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