Elecciones en Colombia: La paz en juego, otra vez (II)

“El fuego de mi cumbia es el fuego de mi raza,
un fuego de sangre pura que con lamentos se canta”

Dice la canción de Petrona Martínez, una cantadora del Caribe colombiano, que en los Montes de María un niño lloraba porque murió su madre y quedó desconsolado. El pueblo colombiano ha encontrado en su arte la manera de escapar de la violencia y de la pobreza que le ha golpeado toda la vida. El repique de los tambores, el son de las gaitas y el ritmo de las marimbas han tenido la función de actuar como morfina para los dolores que atraviesan la sociedad, una sociedad de huérfanos cuyas madres han muerto por la guerra o la dejación del Estado.

No puedo hablar de esta guerra sin hablar de desigualdad. La oligarquía colombiana se pintó de demócrata para tener soldados en sus guerras. La oligarquía colombiana enfrentó a hambrientos para mantenerse en el poder. Esta inevitabilidad de conducir al pueblo a la guerra llevó a la izquierda colombiana a considerar inútil la reforma dentro de los mecanismos institucionales del Estado, y se dispuso así a optar por la revolución armada. Por parte de la derecha, el uso de la violencia no solo se materializó en el control del monopolio de la fuerza por parte del Estado –básicamente porque este nunca se ha extendido a todo el territorio colombiano- sino que también se hizo patente mediante el recurso a fuerzas paramilitares para defender sus latifundios. Surgen así en los últimos 50 años una gran variedad de grupos armados que llevan a Colombia a ser un Estado fallido que no ha sido capaz de desarrollar las estructuras necesarias para apaciguar la desigualdad y evitar la violencia.

Se han sucedido varios procesos de paz, todos ellos parciales, que siempre han llevado a una escalada de violencia y a una incertidumbre constante sobre la convivencia del país. Con la Constitución de 1991 se llegó a firmar la paz y a desarmar a diversas guerrillas como el M-19 o el Quintín Lame, pero durante los años 90 se pretendieron establecer negociaciones con las FARC que fracasaron estrepitosamente. En estos procesos de paz la izquierda colombiana volvía a debatir en su seno entre elegir la reforma o la revolución, y tanto los partidarios de la revolución como los partidarios de la reforma acabaron sufriendo los duros golpes del recrudecimiento de la violencia. La Unión Patriótica, partido fundado en 1985 como resultado de la negociación entre el gobierno y las FARC para la reincorporación de los guerrilleros a la legalidad sufrió un auténtico genocidio político que acabó con la vida de más de 4000 militantes y la desaparición de tantos otros. El ataque contra la Unión Patriótica se orquestó por parte de paramilitares con el beneplácito de los altos mandos militares y que se fraguó con la desaparición en el año 2002 del partido que había llegado a ser la tercera fuerza de Colombia.

Bajo la presidencia de Álvaro Uribe se vivió un proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que muchos sectores criticaron por el elevado grado de impunidad del que gozaron sus cabecillas por los crímenes cometidos. La presidencia de Uribe fue una presidencia que se caracterizó por la política de Seguridad Democrática, que consistió en un aumento del gasto militar para luchar contra las guerrillas y que se cobró la vida de muchos civiles, siendo destacable el caso de los falsos positivos. Los falsos positivos fueron civiles de las zonas más empobrecidas del país que los militares asesinaban para contabilizarlos como guerrilleros capturados y obtener los beneficios económicos que se derivaban de estas acciones.

Juan Manuel Santos llega en 2010 a la presidencia de Colombia como sucesor de Álvaro Uribe. Sin embargo, Santos, a pesar de haber sido el Ministro de Defensa de Uribe durante los años más violentos de la guerra contra las FARC, decidió comenzar las negociaciones de paz con este grupo guerrillero. Las negociaciones de paz culminaron cuatro años y medio después, tras muchos vaivenes y con uno de los Acuerdos de Paz más completos que se han firmado en Colombia y en el mundo, que ponen en el centro de los mismos a las víctimas del conflicto buscando su reparación integral.

El mundo quedó atónito cuando los Acuerdos de Paz fueron sometidos a refrendación ciudadana a través de un plebiscito el 2 de octubre de 2016 y los votantes dijeron «No». La campaña del plebiscito estuvo llena de mentiras, divisiones dentro de los partidarios del Sí y caracterizada por la desafección política de los colombianos. El plebiscito nunca debió pasar, se demostró que los colombianos no estaban preparados para la paz. El Gobierno de Santos tuvo que arreglárselas para acabar aprobando los Acuerdos a través del Congreso. El proceso de implementación comenzó inmediatamente después con el desarme de la guerrilla y la aprobación de las leyes necesarias para la materialización de los puntos del Acuerdo. Esta implementación está siendo lenta y llena de tropiezos. Los poderes económicos del país que se beneficiaban con la guerra activaron su maquinaria para sabotearlos en todo momento. Muchos congresistas de partidos que históricamente vivieron del conflicto al final del mandato de Santos se han dedicado a dificultar la implementación llevando a cabo reformas en las leyes que los ponían en práctica. Por ejemplo, la Justicia Especial para la Paz, que tiene como objetivo juzgar a todos los actores implicados en el conflicto para buscar la reparación integral a todas las víctimas, no ha podido empezar a funcionar y queda en duda si algunos actores como el Ejército podrán ser juzgados.

Paralelo a todo este proceso de implementación se ha dado un recrudecimiento de la violencia allá dónde las FARC dejaron sus fortines, ya que han sido ocupados por bandas criminales, otras guerrillas y nuevos movimientos paramilitares. Esto ha llevado a un aumento del asesinato de líderes sociales en el país. En lo que llevamos de año han muerto alrededor de 250 líderes sociales que luchan pacíficamente por la defensa de sus territorios. También han sido asesinados exguerrilleros de las FARC, lo cual muestra la continua falta de garantías de seguridad que el Estado debería proporcionar. La sombra de la violencia no deja de crecer en medio de un proceso electoral polarizado en el que está en juego la estabilidad de Colombia.

Sea quien sea el próximo presidente, tendrá que afrontar el reto de evitar una nueva escalada de violencia. Los niños del Catatumbo, del Urabá y de la Orinoquía siguen llorando y lamentándose por la muerte de sus madres en un conflicto que no ha sido apaciguado. Mientras tanto seguirá sonando de fondo una cumbia para intentar curar sus lamentos y que siembre la esperanza de poder vivir en paz de una vez por todas, esperanza que se marchitará si no se acaban las desigualdades que tan enraizadas están en Colombia.

“El fuego de mi cumbia es el fuego de mi raza,
un fuego de sangre pura que con lamentos se canta”

Por @daniosorio27

Este es el segundo de una serie de artículos entorno a Colombia, donde el autor intenta acercarnos a un país que, lleno de contrastes y pese a todo, sigue clamando democracia y vida. 

Puedes leer el primer artículo aquí.