Clasismo y racismo en la ley francesa contra el acoso callejero

Cuando el neoliberalismo progresista se las da de feminista

Estos últimos días ha saltado a la prensa internacional la ley votada por la Asamblea Nacional francesa que busca penalizar el acoso callejero que sufren las mujeres cotidianamente. En nuestro país la noticia que afecta al país vecino ha sido celebrada sin cortapisas por las feministas de un lado y de otro, aún sabiendo que viene legislada por un gobierno como el de Macron, que es poco sospechoso de ser un aliado de la lucha feminista. Creo no equivocarme al decir que en España no se está entendiendo lo que en realidad supone esta ley. En Francia el debate feminista sobre la medida ha estado mucho más abierto y sociólogas y juristas feministas han relacionado la medida con el purplewashing (definido por Brigitte Vasallo como el proceso de instrumentalización de las luchas feministas con la finalidad de legitimar políticas de exclusión contra poblaciones minorizadas, habitualmente de corte racista) y el populismo punitivo (estrategia política en la que la respuesta “rápida” y “eficaz” a los problemas de seguridad pasa por el endurecimiento del sistema penal). Y no es para menos.

Al mismo tiempo que el gobierno recorta para la lucha feminista y la defensa de los derechos de las mujeres, como denuncian las asociaciones, incluye una medida de penalización del acoso que sufren las mujeres en la calle, una lacra evidentemente existente. En primera instancia, ya nos debe sorprender por lo menos esta paradoja y la eventual existencia de un genuino embate feminista por parte del gobierno de Macron. Pero más allá de lo que podamos intuir, lo que sucede es que el tipo de delito que quiere recoger el código penal ya está tipificado por la ley (el acoso y las infracciones físicas, sexuales y verbales). Y como sucedió con medidas muy similares en Bélgica, y concretamente en la ciudad de Bruselas, las denuncias tramitadas son mínimas (por la dificultad de probar el delito) y este tipo de arsenal legal se superpone al pre-existente. El problema no es de falta de un delito específico sino de falta de formación de los agentes sociales (policía, abogados o jueces) implicados en la violencia sexual. Si la cadena penal ya tiene problemas para probar estas violencias que sufren las mujeres, lo que se debería es dotar a los distintos agentes de mecanismos para identificarla, enfrentarla, denunciarla y juzgarla, es decir, de formación en perspectiva de género. Creo que uno de los temores que tienen las mujeres en distintos espacios sociales es que los agentes que deberían ayudarlas terminen por colaborar con los agresores en la desacreditación de la víctima y la banalización de la violencia. Superponer delitos endureciendo el código penal es populismo punitivo, hacer ver que atacas el problema pero sin tocar sus raíces. Quiero decir: el problema no es un código penal laxo, sino su falta de aplicación por los agentes tout court. Lo que los expertos penalistas advierten es que lo que reduce la criminalidad no son tanto las condenas largas, duras o pecuniarias, como la certeza de que el agresor sea castigado, la alta probabilidad de ser descubierto y condenado.

Lo más importante es que en la penalización del “acoso callejero” el objetivo se convierte evidentemente en la calle (sólo la calle presuntuosamente peligrosa y conflictiva) y en sus poblaciones, que son las más pauperizadas y racializadas. Se somete así a un control policial, incluso mayor, al conjunto de las clases populares, que son siempre el sujeto “sospechoso” y administrado. Esto entra en mayor concordancia con un gobierno claramente clasista, racista y neoliberal como el de Macron. Como en 2006, con el velo, la Francia laica y republicana se suma de nuevo al purplewashing atacando exclusivamente el machismo (y mal) de esos retrógrados que son los pobres y los migrantes.

Lo que deberíamos finalmente destacar es lo selectiva que es una ley que apunta a la calle y a los pobres. Esto no pretende santificar las acciones de los más precarios, sino mostrar cómo los más privilegiados se escapan. La ley se “olvida” de la violencia sexual ejercida en los barrios ricos (que nunca son “calle” porque jamás están bajo el yugo del reajuste urbanístico indeseado, el control policial constante o las “ordenanzas de civismo”), en las universidades o en las empresas, donde el “presidente de los ricos” seguirá amparando el machismo de los suyos.

Por Aldo Rubert.

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